La planificación, en manos de la Ley Concursal

La secretaría técnica que comanda Vlada Stosic lleva semanas gestionando la contratación de un buen número de futbolistas interesantes que acaban contrato el próximo 30 de junio. El serbio ha llevado el peso de las negociaciones y, en muchos casos, ha contacto no sólo con los representantes e intermediarios de turno, sino con los propios jugadores. Es el caso del mediocentro del Nancy Landry N’Guemo, el central del Zaragoza Jiri Jarosik o el lateral del Espanyol Francisco Javier Chica, por citar sólo tres ejemplos.
Stosic sabe por boca de José Antonio Bosch que la tesitura administrativa de la entidad obligará a unas limitaciones importantes a la hora de realizar desembolsos, incluso en Primera división. Como ya advirtió hace meses el letrado, la 2011/2012 llegará acompañada de un tope salarial que podría rondar los 800.000 euros, de tal manera que el primer paso debe ser desprenderse de las fichas más altas -cuatro de los jugadores que tendrán contrato en vigor el 1 de julio lo sobrepasan- y, en lo posible, renegociar aquellos contratos que se consideren desorbitados. Esto también afectará a los fichajes, por lo que habrá que apostar por gente libre y barata (ofreciendo más tiempo de vinculación a cambio de una rebaja en sus sueldos) o compartir los emolumentos con los clubes de origen en el caso de los hombres cedidos.

El temor de la dirección deportiva radica en que el informe de los administradores concursales, que está previsto para finales de la semana próxima, se retrase. Cada día que pasa se pierde una oportunidad, ya que los apalabrados y sus agentes empiezan a recibir propuestas, algunas de las cuales se concretan. Jarosik, por ejemplo, está siendo tentado por la Premier, mientras que el Nancy desea retener a N’Guemo, que tampoco descarta emigrar a Inglaterra. Sin embargo, en cuanto las cuentas se aclaren y el Betis decida cuánto gastarse, el atractivo de los heliopolitanos subirá enteros como la espuma.

Porque el recién ascendido a Primera no sólo es capaz de reunir a más de 40.000 personas cada quince días en el Villamarín y de ‘exportar’ a varios miles en sus desplazamientos, sino que la misma ley concursal propiciará que el dinero prometido a los futuribles sea cobrado íntegramente por éstos. En otras palabras: el Juzgado Mercantil protegerá unas cantidades que, en sociedades fuera de concurso, suelen convertirse en deudas de incierto futuro.